Por Shariana Ferrer-Núñez y Zoán Tanís Dávila Roldán
Vivimos tiempos de crisis. Este año la canasta básica en Puerto Rico alcanzó el precio más alto en toda Latinoamérica. Sin embargo, la correlación entre el costo de vida en el país y la media de salarios es incongruente, provocando que muchas tengamos que recurrir a tener más de un empleo para poder subsistir y alimentar a nuestras familias. Según las estadísticas, un 43% de las personas en Puerto Rico vive debajo del nivel de pobreza. Pero estos números no dan cuenta de cómo se materializa esa pobreza: escasez de vivienda digna y aumento de rentas, deterioro de la infraestructura pública (carreteras, alumbrado, servicio eléctrico, acueductos y alcantarillados, entre otros), reducción de servicios esenciales (educación, salud, vivienda), aumenta de la violencia de género, la criminalidad, y el saqueo de la naturaleza y entorno ambiental.
A nivel político, el gobierno continúa haciendo más de lo mismo. Se muestra indiferente ante los reclamos del pueblo, mientras beneficia a inversionistas extranjeros, que son, en su mayoría, estadounidenses. Estos se adueñan de nuestras tierras, desplazando a comunidades negras y pobres. Ese mismo gobierno, administrado por el PNP/PPD, mantiene un esquema de puertas giratorias para que guisen sus principales donantes. Dicen que no hay dinero para infraestructura pública o para salarios y pensiones. Tampoco hay dinero para brindar los servicios esenciales del pueblo. Sin embargo, devuelven favores políticos y pagan escoltas a los que quebraron el país.
En Puerto Rico, el desplazamiento se manifiesta en dos modalidades. En primer lugar, el desplazamiento territorial en la que nos vemos desprovistas de nuestros hogares, comunidades, playas, empleos y hasta del suelo que pisamos, todo en servicio de un modelo económico basado en la privatización de lo público y la negación de lo común. En segundo lugar, nos enfrentamos al desplazamiento político, que es aquel que nos despoja de poder y de la autonomía para decidir el rumbo de nuestras vidas y, con ello, la del país. Es el desplazamiento político el más peligroso, puesto a que recrudece las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones más empobrecidas.
El desplazamiento, tanto territorial como político, está anclado en tres pilares: la violencia anti-negra, la violencia machista y el capitalismo. Por tal razón la lucha tiene que ser situada. Nuestra mirada debe centrar las experiencias de quienes somos forzadas al abandono, despojadas de nuestra humanidad y negadas de posibilidad.
El pueblo ha ocupado las calles en protesta. El Frente Amplio en Defensa de la Educación (FADEP) ha liderado la oposición a las políticas de austeridad y recortes en servicios, exigiendo mejores condiciones laborales. Tampoco es casualidad que los sectores de educación, salud y familia (compuestos mayormente por mujeres negras y de comunidades empobrecidas) son las áreas que sufren los recortes más drásticos. Es decir, la feminización de la pobreza materializa que sean maestras, enfermeras y trabajadoras sociales las trabajadoras más precarias. Este monstruo de tres cabezas (racista-machista-clasista) hace que el trabajo de los cuidados y servicios —el más importante para sostener la vida— sea el más desvalorizado. El monstruo se impone con violencia y ya forzó hacia los márgenes a otras: las trabajadoras de lo doméstico, desempleadas y “cuponeras”.
Si bien es cierto que las protestas recientes reclaman justicia salarial y retiro digno, esto solo aplicaría a quienes ya son parte del aparato estatal. Pero, esa no es la realidad de la masa. Las precarias nunca hemos podido siquiera aspirar a un salario seguro y mucho menos concebir tener un plan de retiro en nuestra vejez. Nosotras —las negras, inmigrantes, pobres, de las comunidades LGBTTIQ+— quedamos a la deriva de la discusión pública. Precisamos construir un cuerpo político que aniquile ese monstruo, que desmantele lo imbricado. Es aquí y ahora. ¡Vamos juntas, contra todo!