Contra la comunidad LGBTTIQ+: Políticas y narrativa en EEUU y Puerto Rico

Por Sofía Vázquez Laureano

La derecha fundamentalista y conservadora se aseguró que su primer turno al bate como “nueva” administración fuese limitar los derechos LGBTTIQ+. Esto ocurre tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Las implicaciones de las políticas presentadas en nuestra legislatura, así como las ordenanzas federales aprobadas por el presidente Donald J. Trump, son el retroceso de las pocas protecciones que se lograron para las personas LGBTTIQ+ durante los pasados años. A su vez, estas abren la puerta y avanzan políticas que sostienen un sistema de discriminación y exclusión hacia las poblaciones más vulnerables.

Donald Trump ha llevado al límite, e incluso excedido, las funciones de la rama ejecutiva, gobernando prácticamente a través de ordenanzas ejecutivas con el propósito de revertir políticas públicas en ámbitos sociales y económicos. Este ha aprobado varias medidas dirigidas a eliminar protecciones a las personas trans, así como a retirarles el reconocimiento de su existencia en formularios, tarjetas de identidad, pasaporte, participación en competiciones deportivas, imponiendo una mirada binarista de género en la que no hay cabida para quienes siempre han existido: las personas trans, las personas con diversidad de género, ni las personas intersex. La eliminación de estas protecciones vulnera a estos grupos de varias maneras más allá de su invisibilización, pues aterrizan en personas concretas e impactan materialmente la calidad de vida de estas personas. Retener fondos federales que son vitales para que organizaciones, agencias y escuelas les provean servicios, tendrá efectos terribles en la calidad de vida de las personas trans e intersex que, en tanto grupo marginalizado por el estado, enfrentan en mayor medida retos para conseguir trabajos dignos, vivienda y acceso a servicios. Uno de los efectos más preocupantes, y que implicará una crasa violencia en contra de las personas trans privadas de libertad, será el transferirlas a las instituciones que correspondan con el género asignado al nacer. Además, se les retirarán los servicios médicos dirigidos a los cuidados de afirmación de género. El rango de estos servicios incluye el aspecto físico y el mental, y ha sido comprobado vez tras vez que el acceso a dichos servicios salva vidas. 

¿Qué dice del gobierno el que un presidente utilice los fondos federales, o la retirada de estos, para amedrentar a sus constituyentes? ¿Qué será de los servicios de salud cuando el presidente decida quiénes pueden recibir servicios esenciales y quiénes no?

Por su parte, la eliminación de las medidas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) tiene repercusiones en las personas de la comunidad LGBTTIQ+, así como en otros grupos vulnerables tales como las mujeres, personas negras, no blancas y personas con diversidad funcional y neurodiversidad. Es decir, grupos que históricamente no han contado con acceso a los mismos recursos que los hombres blancos heterosexuales y que, todavía hoy, enfrentan discriminación en el sector público y privado. En este caso, las políticas DEI han reforzado políticas previas con el objetivo de que estos grupos puedan tener acceso a escuelas, universidades, trabajos y recursos gubernamentales a través de medidas que pretenden evitar el discrimen por sus identidades.

En el caso de Puerto Rico, el primer proyecto presentado en el Senado ⎯y ya aprobado en la Cámara de Representantes⎯ busca, según sus defensores, proteger la libertad religiosa. 

Esto nos lleva a preguntarnos, 

¿en tiempos recientes, se ha perseguido a 

los grupos religiosos del país? 

¿Acaso el sector cristiano, tanto católico 

como protestante, ha sido perseguido 

en nuestro país? ¿O esta medida responde 

a los intentos de desdibujar la separación 

de iglesia y estado? Parecería ser que 

la segunda es la respuesta y que las

intenciones reales de este proyecto es 

abrir la puerta a legalizar el discrimen

y la violencia contra la comunidad LGBTTIQ+, 

contra las mujeres, y contra todxs quienes 

no cumplan con los estándares de la 

cisheteronormatividad defendida 

por los sectores fundamentalistas.

La representante del partido Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, quien ha propuesto proyectos de ley contra la comunidad LGBTTIQ+ desde su primer cuatrienio, ya ha presentado al menos cuatro medidas dirigidas a la exclusión de personas trans. Entre las medidas, se encuentran algunas que reflejan las mismas políticas anti-trans que en Estados Unidos, como la negación de servicios de salud de afirmación de género, la exclusión de mujeres trans en instituciones correccionales femeninas y la exclusión de mujeres trans en deportes femeninos.

Hay algo que tienen en común todos estos proyectos de ley, y es que su propósito no es proteger a las mujeres ni a la niñez. Su propósito es seguir generando un ambiente de violencia, miedo y repudio hacia las personas trans. Estas políticas deshumanizantes tienen como objetivo oprimir a la comunidad LGBTTIQ+, fortalecer los roles de género cisheteronormativos e invisibilizar a una población que siempre ha existido, resistido y luchado por vivir dignamente. 

Es por esto que, hoy más que nunca, corresponde juntarnos en defensa de todo aquello que rompe con los sistemas de opresión patriarcales, binarios y excluyentes. La existencia en dignidad de la comunidad LGBTTIQ+ es un reclamo y acción imprescindible en la lucha por la liberación y la emancipación de todxs.